La Corte Suprema de EE.UU. ratificó la indemnización por las pérdidas en que incurrió British Gas durante el congelamiento de tarifas de 2002.
La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó un fallo que obliga a la Argentina a pagar US$ 185 millones a British Gas (BG) por un conflicto originado con el congelamiento de tarifas para el gas natural que impuso el Gobierno en el año 2002.
La Corte confirmó así la decisión del Tribunal de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, que en 2007 dio la razón a BG cuando la empresa británica argumentó que la Argentina había violado un tratado de promoción de inversiones firmado con el Reino Unido en 1993 al poner un precio máximo para el gas. Según la empresa, la decisión terminó provocando la quiebra de Metrogas, en la que entonces era la primera propietaria con el 45% de las acciones.
Con sede en Washington, el tribunal de arbitraje sentenció también que BG no tenía necesidad de someter la disputa ante las cortes argentinas. El Gobierno presentó entonces un recurso para que pasara por la justicia argentina antes y logró que la corte federal de apelaciones en Washington determinara que tenían que ser los jueces, y no los árbitros, los que decidieran en qué tribunal se resolvería la disputa.
Con siete votos a favor y dos en contra, la Corte Suprema decidió que los árbitros sí tienen ese poder y que el fallo a favor de BG y en contra de la Argentina es correcto.
La Corte confirmó así la decisión del Tribunal de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, que en 2007 dio la razón a BG cuando la empresa británica argumentó que la Argentina había violado un tratado de promoción de inversiones firmado con el Reino Unido en 1993 al poner un precio máximo para el gas. Según la empresa, la decisión terminó provocando la quiebra de Metrogas, en la que entonces era la primera propietaria con el 45% de las acciones.
Con sede en Washington, el tribunal de arbitraje sentenció también que BG no tenía necesidad de someter la disputa ante las cortes argentinas. El Gobierno presentó entonces un recurso para que pasara por la justicia argentina antes y logró que la corte federal de apelaciones en Washington determinara que tenían que ser los jueces, y no los árbitros, los que decidieran en qué tribunal se resolvería la disputa.
Con siete votos a favor y dos en contra, la Corte Suprema decidió que los árbitros sí tienen ese poder y que el fallo a favor de BG y en contra de la Argentina es correcto.
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